domingo, 14 de agosto de 2016

Boliches deben instalar cámaras y no acceden a empresas legales

Los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas y de alimentos del municipio están obligados a instalar cámaras de seguridad en todos sus ambientes hasta el 29 de septiembre. La contratación de proveedores ilegales de estos dispositivos es sancionada; sin embargo, la lista de las empresas legales no está disponible.

En julio, el Concejo dio un plazo de 45 días hábiles para que karaokes, discotecas, pubs, whiskerías, bares, clubes nocturnos, salones de fiesta, peñas folklóricas y todo centro de concentración de personas -como restaurantes y pensiones- instalen los dispositivos de vigilancia. La medida obedece al cumplimiento de la ley municipal 151.

Las estadísticas señalan que en los últimos 12 meses, los controles ediles llegaron a 1.300 establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas y a 4.792 de alimentos. Sin embargo, ésta no es la cifra oficial de los locales que operan en el municipio, puesto que a diario varios se abren o cierran de manera legal o ilegal.

Para que todos los boliches cumplan la norma, desde la semana pasada la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana -en coordinación con siete subalcaldías - comenzó el control y notificación para la instalación de los circuitos. A partir del 30 de septiembre, no contar con éstos merecerá la clausura definitiva.

"Nos piden las cámaras, pero no sabemos dónde adquirirlas. En el mercado hay dispositivos baratos pero no dan garantía”, señaló el encargado de un boliche del centro, Eduardo Salas.

Desde septiembre de 2013, en Bolivia rige el "Reglamento Operativo para las Empresas Privadas de Vigilancia” en el marco de la ley nacional 264 de Seguridad Ciudadana. La norma, que regula los servicios de seguridad privada, estipula que cada una de las empresas de este rubro debe contar con licencia y autorización de funcionamiento.

En sus artículos 29 y 30, el reglamento señala que los contratantes (en este caso dueños de los establecimientos) deben verificar que las empresas de seguridad por cuyos servicios paguen sean legales. La contratación de empresas ilegales "será pasible a una sanción pecuniaria por la mitad del monto establecido en la boleta de garantía para el tipo de empresa contratada a una cuenta fiscal a favor de la Policía”.

Sin embargo, los dueños de los establecimientos denuncian que la lista de las empresas legales de cámaras de seguridad no está disponible. O por lo menos no es de fácil acceso.

La entidad encargada de otorgar las autorizaciones, y por tanto de registrar a los proveedores legales, es el Departamento Nacional de Autorización y Control de Empresas Privadas de Vigilancia (Denacev). Cuando llaman a esta institución, se explica a los interesados que la lista se encuentra en su portal web: www.denacev.com.

Algunos de los proveedores de los dispositivos aseguran que así fue hasta hace algunos días. Pero Página Siete comprobó que la lista no se encuentra disponible desde el jueves en la tarde.

Al apersonarnos a las oficinas del Denacev, ubicadas en Sopocachi, se nos instruyó solicitar la lista mediante una nota escrita. Procedimiento que debe realizar toda persona que requiera la información, incluyendo los dueños de los establecimientos que tienen poco más de un mes para instalar circuitos de vigilancia.

Según registros de prensa, hasta el primer semestre de 2014 al menos 203 empresas de seguridad solicitaron ante el Denacev la autorización y licencia de funcionamiento. De éstas, poco más de 20 se encontraban en la etapa final, pero no todas ofrecían servicios de cámaras de vigilancia.

A finales de 2015, el Viceministerio de Seguridad Ciudadana informó que sólo 49 empresas de seguridad consiguieron la legalidad. Estas cifras dieron inicio a una serie de operativos para encontrar las empresas ilegales.

Una lista descargada del portal del Denacev el 26 de julio pasado detalla que en Bolivia existen 92 empresas dedicadas al rubro de seguridad física, electrónica, de custodia o de vigilancia. De éstas, 30 están en La Paz.

De la treintena de proveedores paceños en diferentes rubros en seguridad, sólo seis están inscritas para brindar "protección física o electrónica a personas e instalaciones privadas, además de custodia y vigilancia de bienes muebles e inmuebles”.

Se advierte que el resto de empresas, si bien tienen autorización, no pueden proveer las cámaras de seguridad ni los servicios de instalación, mantenimiento y monitoreo requeridos. Esos aspectos también hacen ilegal su contratación.

Cámaras para locales deben soportar varios tipos de luz



El secretario municipal de Seguridad Ciudadana, José Luis Ramallo, señaló que las cámaras para los centros nocturnos deben cumplir ciertas características. Algunos de los requisitos son capacidad para captar imágenes con poca luz, con niebla o con neones.

"Hay condiciones que los propietarios deben considerar para la adquisición de cámaras, desde la resolución hasta la toma de las imágenes. Algo que me parece importante es que se pide que los dispositivos tengan el diseño adecuado para la iluminación y ambiente de los locales”, manifestó la autoridad edil.

Esto implica que además de una resolución mínima de 12.800x960 (1,3 megapíxeles), las cámaras de discotecas, bares, karaokes deben considerar los cañones de luz, focos potentes, luces incandescentes, destellantes o humo artificial. "Todo esto debe ser considerado al momento de la instalación”, recalcó.

Explicó que en el caso del sistema de vigilancia privado -que deben contratar los establecimientos- el monitoreo y almacenaje de imágenes es responsabilidad de los dueños. "La ley establece que deben guardar las imágenes por 12 meses (un año). Y disponer de energía alterna por si no hay energía corriente”.

Cada establecimiento puede tener un dispositivo o más, dependiendo de su tamaño. Debe haber una cámara al ingreso del local, otra en los pasillos a los baños, en cada uno de los ambientes y en la barra. De manera que no haya "zonas negras”.

"El no contar con el circuito merecerá la clausura definitiva del establecimiento. La clausura temporal de dos y 15 días será impuesta de forma progresiva en caso que una cámara no esté funcionando o no se guarden las imágenes”, aclaró Ramallo.

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