Paola Barriga, abogada de Nohemí Cámara, afirmó que dos funcionarios del Gobierno Municipal de La Paz y un exservidor del Ministerio de Gobierno coadyuvaban al centro nocturno Katanas para evitar controles y proceder con el delito de trata.
Dicho club fue clausurado definitivamente la semana pasada y su dueño, Marco Cámara (padre de la denunciante), está con detención preventiva.
Barriga explicó que en los allanamientos al Katanas se halló libros de registro donde figuraban pagos a funcionarios.
Indicó que están implicados dos funcionarios ediles, plenamente identificados, que serían los encargados de informar a Marco Cámara sobre operativos de control. Según la abogada, una vez alertado el centro nocturno cerraba las puertas y apagaba las luces.
La semana pasada, la Alcaldía invitó a Noemí Cámara para hacer la denuncias respectivas, lo cual indignó a la abogada Barriga, quien anunció que el personal municipal tendría que ir a la Fiscalía a comparecer por este caso.
Respecto al tercer implicado, la jurista dijo que se trata de un exfuncionario de la Dirección de Migración. "Él ha generado estos elementos para coadyuvar en este tipo de delincuencia”, precisó.
Afirmó que en los libros del Katanas se registran pagos de 600 a 3.000 dólares a funcionarios y pidió al Ministerio Público hacer la investigación respectiva.
El Katanas está investigado por supuestamente albergar a jóvenes extranjeras, quienes eran forzadas a ser damas de compañía.
La letrada cuestionó también al Servicio de Impuestos, al Ministerio de Salud y al Ministerio de Trabajo por no haber controlado esta situación.
Más denuncias
La abogada anunció que presentará querellas contra los funcionarios implicados, además de otros familiares de Marco Cámara.
Explicó que la esposa de Cámara, una brasileña, era encargada de contactar jóvenes de ese país, y que la hermana del dueño del Katanas tenía a su cargo a las mujeres que trabajaban ahí.
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